La investigadora y académica de Educación de la Universidad Andrés Bello, Victoria Peña, sostiene que los recientes casos ocurridos en Calama y Loncoche evidencian una crisis más profunda que la delincuencia: el deterioro de la salud mental adolescente y la falta de redes de apoyo familiares.
Los recientes hechos de violencia protagonizados por adolescentes en Chile han abierto un debate sobre las causas que están detrás de estos casos. Para Victoria Peña, académica e investigadora de Educación de la Universidad Andrés Bello (UNAB), estas situaciones no deben analizarse únicamente desde la perspectiva de la seguridad o la delincuencia, sino como una señal de una crisis de salud mental y de vínculos familiares que afecta a muchos jóvenes.
La especialista hace referencia al asesinato de la inspectora María Victoria Reyes, ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, y al crimen de Ingrid del Carmen Barrera Rantul, en Loncoche, presuntamente planificado por su hija adolescente junto a otros dos jóvenes.
A juicio de Peña, aunque ambos casos ocurrieron en contextos distintos, comparten un elemento común: “No se trata de la delincuencia común ni del crimen organizado. Es algo mucho más profundo, más silencioso y, por lo mismo, más peligroso: la crisis de salud mental, la soledad y la disfuncionalidad afectiva que atraviesan a nuestros adolescentes”.
Un problema que va más allá de la violencia
La académica sostiene que la forma en que estos hechos han sido abordados públicamente puede dificultar una discusión de fondo, al asociarlos automáticamente con fenómenos como el narcotráfico o el crimen organizado.
En el caso de Loncoche, por ejemplo, explica que si bien se ha hablado de un posible sicariato, las características del hecho muestran una realidad distinta, protagonizada por adolescentes que no levantaron alertas en su entorno o cuyas señales pasaron inadvertidas.
Para Peña, estos episodios reflejan la importancia de observar las dinámicas familiares y el bienestar emocional de niños y adolescentes antes de que las situaciones escalen.
Las cifras reflejan una realidad preocupante
La preocupación también se sustenta en datos oficiales. Según el Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2024 de la Defensoría de la Niñez, el 52,9% de los estudiantes de enseñanza media presenta criterios compatibles con uno o más problemas de salud mental.
Entre ellos destacan:
- 35,2% presenta síntomas de depresión.
- 25,9% muestra ansiedad generalizada.
- 28,2% evidencia consumo problemático de sustancias.
A esto se suma que, entre 2017 y 2023, el porcentaje de estudiantes de 7° básico a 3° medio con síntomas depresivos aumentó del 14% al 22%.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estima que cerca del 20% de los niños y adolescentes en el mundo enfrenta algún problema de salud mental.
El rol de la familia como principal factor protector
Frente a este escenario, Peña plantea una pregunta que considera clave: ¿qué está ocurriendo con las familias?
La investigadora señala que diversos estudios muestran que las conductas de riesgo aumentan cuando los adolescentes perciben a sus familias como entornos disfuncionales, marcados por la violencia, el abandono emocional o la ausencia de vínculos significativos.
Sin embargo, aclara que esto no implica responsabilizar exclusivamente a las familias, muchas de las cuales enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad y estrés que dificultan la crianza.
“La responsabilidad no puede recaer únicamente en la escuela”, sostiene.
Prevención por sobre reacción
La académica reconoce avances impulsados desde el sistema educativo, como el programa “A Convivir se Aprende” y la implementación de la Ley 21.809 de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, vigente desde el 1 de julio de 2026, que promueve un enfoque preventivo frente a la violencia escolar.
No obstante, advierte que las medidas centradas únicamente en reforzar la seguridad —como detectores de metales o mayor vigilancia— resultan insuficientes si no se acompañan de un trabajo sostenido con las familias y de políticas de salud mental.
Aprender de la experiencia internacional
Peña también destaca experiencias desarrolladas en otros países que fortalecen la colaboración entre escuelas y familias.
Entre ellas menciona el programa finlandés “Let’s Talk about Children”, que promueve el trabajo conjunto entre padres y profesionales para fortalecer los factores protectores de niños y adolescentes, además del proyecto CONSENSUS, orientado a mejorar la colaboración entre establecimientos educacionales y familias.
En Australia, en tanto, resalta el programa gubernamental “Be You”, que entrega formación gratuita a educadores para apoyar la salud mental de estudiantes y sus familias.
Un llamado a construir respuestas conjuntas
Finalmente, la académica plantea que Chile necesita avanzar hacia una política nacional sólida de salud mental y apoyo familiar, acompañada de un trabajo coordinado entre el Estado, las comunidades educativas y los medios de comunicación.
A su juicio, informar estos casos con responsabilidad, evitando el sensacionalismo y favoreciendo un análisis profundo de sus causas, también forma parte de la solución.
“Los dos casos expuestos son alertas tempranas que aún estamos a tiempo de atender. Si sabemos leerlas y somos capaces de unir esfuerzos, podemos convertir estas tragedias en oportunidades para fortalecer la protección y el bienestar de nuestros niños y adolescentes”, concluye.
Crédito: Columna basada en el análisis de Victoria Peña, académica e investigadora de Educación de la Universidad Andrés Bello (UNAB).