En medio del debate sobre la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, Jimena Valenzuela, advierte que el desafío va mucho más allá de aumentar las penas. A su juicio, fortalecer a las familias y prevenir el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado debe ser una prioridad.
La creciente participación de adolescentes en delitos violentos volvió a instalar el debate sobre cómo enfrentar la delincuencia juvenil en Chile. Mientras el Congreso analiza modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la discusión pública se ha concentrado en endurecer las sanciones para quienes cometen delitos siendo menores de edad.
Sin embargo, para Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes, el fenómeno que vive el país requiere una mirada más amplia.
“La ley era imposible que pudiera anticipar los fenómenos que estamos viendo ahora: el reclutamiento sistemático de menores por el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios”, sostiene.
Según explica, este escenario obliga a incorporar nuevas herramientas legales que permitan perseguir específicamente a quienes captan a niños y adolescentes para integrarlos a organizaciones criminales.
“Hoy vemos que eso está ocurriendo”, afirma, planteando la necesidad de tipificar el reclutamiento de menores como un delito específico.
¿Más penas significan menos delincuencia?
Aunque gran parte del debate se ha centrado en aumentar las sanciones, la especialista asegura que la evidencia disponible apunta en otra dirección.
“Está comprobado que el aumento de penas no es un disuasivo. Ya hay demasiada evidencia que así lo demuestra”, señala.
En cambio, explica que lo realmente efectivo para prevenir nuevos delitos es disminuir la impunidad mediante investigaciones oportunas, el trabajo coordinado entre policías y el Ministerio Público, y condenas que efectivamente se cumplan.
Asimismo, descarta que juzgar a adolescentes como adultos sea una solución al problema.
“Las cárceles son escuelas para la delincuencia”, advierte, enfatizando que la legislación debe seguir considerando que los jóvenes tienen mayores posibilidades de rehabilitación e inserción social.
La prevención comienza mucho antes
Más allá de las modificaciones legales, Valenzuela sostiene que el mayor desafío está en prevenir que los adolescentes lleguen a involucrarse con organizaciones delictivas.
En ese contexto, destaca el papel que cumplen las familias.
“La familia es el primer y más poderoso factor protector frente a la delincuencia juvenil”, afirma.
La académica explica que la evidencia científica muestra que contar con adultos presentes, vínculos afectivos sólidos y un entorno familiar estable disminuye significativamente los factores de riesgo asociados a la delincuencia.
Por ello, considera fundamental fortalecer las políticas de apoyo a la parentalidad e intervenir tempranamente frente a situaciones como la deserción escolar, la violencia intrafamiliar o el consumo de drogas.
“Lo ideal es que los jóvenes nunca ingresen al sistema penal”, concluye.
Crédito: Adaptación realizada por Familia en Red a partir de una columna y declaraciones de Jimena Valenzuela, directora del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes.